La Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) quiere regular la instalación de jaulas de peces en mar abierto
Planean conceder unos 20 permisos para nuevas granjas marinas en mar abierto en el Golfo de México
Actualmente la empresa «Kampachi Farms» que cultiva peces de la especie Ocyurus chrysurus en el Pacífico cuenta con una de las pocas instalaciones de acuicultura en mar abierto existentes en los EEUU. Esta especie solo necesita ser estabulada durante 1 año para alcanzar la talla comercial.

Se trata de proponer un Marco Normativo que permita abrir las aguas federales al cultivo de peces en mar abierto por primera vez.
Algunos ecologistas se oponen porque consideran que el ecosistema del Golfo de Mexico podría verse perjudicado, recordando que en los últimos años ha sufrido diferentes desastres como los daños por huracanes o el vertido de petróleo de la plataforma petrolífera de BP «Deepwater Horizon» en 2010. Sin embargo, muchas otras voces reclaman esta normalización porque abogan por la acuicultura frente a la captura de ejemplares salvajes, al igual que la agricultura y la ganadería son los principales productores de alimentos en los ambientes continentales.
El aumento de la población y el cambio de tendencia en el consumo, hace inviable continuar dependiendo de la pesca como fuente de recursos del mar. La inmensa mayoría de los productos del mar que se consumen proceden de fuera de EEUU, y en muchos casos se trata de especies cultivadas. Por otro lado, se espera que con esta regulación surja la semilla para una nueva industria en las zonas costeras, que aporte nuevos empleos y fije población en esas localidades costeras.
NOAA pretende crear un camino para que la acuicultura en mar abierto (offshore) sea una realidad y se lleve a cabo bajo criterios de sostenibilidad.
En 2009 ya se empezó a preparar un plan de acuicultura para el Golfo de México, pero hubo demandas judiciales y oposición en el Congreso, por lo que quedó paralizada. Actualmente han vuelto a presentar el Plan que está en fase de presentación de alegaciones, sin que se esté observando demasiada oposición de organizaciones políticas ni ecologistas.
Uno de los problemas legales encontrados es que la NMFS (National Marine Fisheries Service), que es la agencia de la NOAA encargada de este plan, según algunas organizaciones ecologistas carece de autoridad legal para llevar a cabo la regulación. Según ésto, la «cosecha» de peces se considera » actividad de pesca» según la Ley Magnuson, por lo que la acuicultura debería ser regulada por dicha Ley de ámbito nacional y no por la NOAA.
En cuanto a los riesgos ambientales, se destacan los escapes y la polución. También se critica el hecho de que el pescado cultivado en la actualidad es alimentado casi en su totalidad con piensos procedentes de otras especies de pescado que son capturadas del medio natural. Se calcula que se necesitan en torno a 2,3 kg de pescado salvaje para producir 1 kg de pescado cultivado.
Tampoco agrada que sólo se plantee una regulación de una zona concreta, sino que sería deseable la redacción de una ley nacional que sea aplicable a todos los estados. El problema es la falta de interés en el asunto por parte del Congreso, que ya lleva 5 años con el asunto encima de la mesa, sin haber tomado ninguna medida al respecto. Para otros, es preferible regular la acuicultura allí donde es necesario y utilizar la experiencia obtenida para hacer una regulación estatal en el futuro.

El Plan de Acuicultura en Mar Abierto pretende implantar un sistema efectivo por 10 años, renovable en periodos de 5 años. Permitirá las instalaciones flotantes de cultivo y la construcción de criaderos en la costa.
Se prohíbe la ocupación de áreas protegidas, las especies deberán ser autóctonas y estarán monitoreadas para prevenir escapes y enredos de mamíferos marinos en las redes. También se exigirá una separación mínima de 1.6 millas náuticas entre granjas.
Otros expertos defienden la actividad de cria de peces en mar abierto como sostenible, ya que permite una mayor dispersión de las deposiciones y los piensos que en las granjas situadas más cerca de la costa o en zonas resguardadas. Se estima que, con profundidades superiores a 30 metros y una circulación de agua suficiente, el impacto ambiental de las jaulas es mínimo. También defienden que se trata de una actividad que crearía nuevos puestos de trabajo y aportaría nuevas fuentes de ingresos en la zona.
Otro aspecto muy criticado, el del uso de químicos (antibióticos, aditivos sanitarios, antifouling…), ha sido rebatido por la constatación de que cada vez son menos utilizados en favor de vacunas y un mejor manejo del cultivo. También respecto al uso de harinas y aceites de pescado salvaje (principalmente anchoveta peruana), se está reduciendo mucho su uso, siendo sustituidos por otras fuentes de proteína, como las extraídas de vegetales.
El problema es que EEUU importa más del 90% de los alimentos procedentes del mar y que es sabido que el aumento de la población y el consumo impide que pueda cubrirse la demanda con pescado salvaje.
Aunque se plantea la acuicultura en mar abierto como solución ecológicamente sostenible, también reivindican este rol los defensores de los sistemas de recirculación de agua, que aprovechan los desechos para la fertilización y riego de otros cultivos. Aunque estos sistemas realmente son más aplicables a los cultivos de agua dulce.
Como curiosidad, las empresas que actualmente explotan jaulas de peces en mar abierto han obtenido los permisos gracias a un vacío en la Ley Federal, que permite a los Ingenieros de la Armada autorizar los cultivos si no son regulados federalmente.
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